Si la justicia es mantener la balanza equilibrada, obviamente hay que analizar las dos partes de un conflicto. En el binomio agresores – agredidos siempre hay quien sale perdiendo o ganando, según sea su punto de vista.
Lo cierto es que en el marco legal alguien tiene que asumir las consecuencias de sus actos y cuando hablamos de bloqueos a las carreteras se trata de un delito federal por entorpecer las vías de comunicación. Y eso amerita una sanción ¿no cree usted?
El tema cobra mayor relevancia si se trata de impedir el acceso a Chichén Itzá, la legendaria ciudad maya declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo Moderno desde 2007.
Además de todo el bagaje cultural que representa, se trata de la zona arqueológica generadora de miles de millones de pesos anualmente por recibir al año, más de 2.5 millones de turistas nacionales y extranjeros.
Representantes de la iniciativa privada levantan la voz y piden que se aplique la ley, ya que de no ser así, el día de mañana, o la próxima semana o el siguiente mes, sin importar la fecha obviamente, cualquier grupo de personas inconformes con las obras de remodelación y modernización que se proyectan en todos los sitios arqueológicos de Yucatán podrían ser literalmente “secuestrados” para exigir al gobierno, en cualquiera de sus tres modalidades: municipal, estatal o federal, la respuesta a sus demandas.
Dicen los abogados que la ley es clara. Y el INAH lo sabe perfectamente. El Instituto Nacional de Antropología e Historia NO demandará a ningún campesino o ejidatario, a nadie que haya participado en el bloqueo, pero sí buscará a quienes se dicen sus asesores. Es un buen principio ¿no cree usted?
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