11 MMDP cuesta la crisis financiera del Va y Vén; un sistema que solo cubre el 41% de sus costos

Fideicomisos vacíos, contratos inflados y corrupción: el legado del Va y Ven en números rojos.
El organismo opera con un déficit anual de 1,860 millones de pesos
Al concluir la primera mesa de trabajo entre los concesionarios del Transporte del sistema Va-y-Ven con las autoridades estatales para resolver la crisis económica por la que atraviesa el servicio, se acordó que habrá disminución de autobuses únicamente en las horas y días de menor demanda, a fin de no afectar a los usuarios.
David Quintal Medina, representante de las 11 empresas inconformes, destacó que no tomarán decisiones que afecten drásticamente al público, por lo que mantendrán el diálogo con las autoridades para que se logre una buena solución.
El encuentro se llevó se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno Omar Pérez Avilés y el director de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo, quien informó que se realizará un segundo encuentro el próximo martes a las 5 de la tarde.

Dijo que son diferentes acciones las que se deben tomar para resolver esta situación tan grave que dejó la administración pasada.
Agregó que la prioridad es conciliar con las autoridades estatales para mantener el servicio en las horas “pico” que es cuando hay una alta demanda.
Parque vehicular se reducirá en un 30 por ciento
A partir del mediodía se retirará el 30 por ciento de las unidades para lograr ahorros en tanto se transita a una solución.
“No es un recorte extraordinario, es en el segundo turno. También el fin de semana se mantendrá la disminución de autobuses, como suele hacerse”, expuso.
Quintal Medina observó que la razón del descontento es que la ATY realiza los pagos a destiempo lo que vuelve insostenible la operación del servicio.
“Es un problema de economía, de falta de liquidez para poder solventar los costos de combustible, nómina, mantenimiento y tecnología”, detalló.
“Hemos hecho cálculos con la visión de afectar lo menos posible a las personas usuarias”, abundó el concesionario de la ruta Circuito Metropolitano.

Indicó que la situación de cada empresa es distinta en materia de créditos, incluso, en la necesidad de combustible.
En la jornada de hoy salieron de circulación 149 de un total de 500 unidades. La ruta Periférico, una de las de mayor demanda, se mantuvo intacta.
Tras la reunión, el compromiso de ambas partes fue retornar en la siguiente semana con datos y propuestas.
“No sólo nosotros tenemos un problema, sino también la autoridad”, puntualizó.
A las personas usuarias les pidió su comprensión porque “van a esperar un poco más, pero el servicio ahí está”.
También estuvieron presentes en la reunión, Raymundo Vargas León, representante del concesionario Líneas Urbe, S.A. de C.V.; Russell Francisco Arcila Sosa, por Minibuses del Mayab, S.A.P.I. de C.V.; David Esteban Quintal Medina, por Circuito Metropolitano, S.A. de C.V.; Teddy Abelardo Canto Tugores, por Minis 2000, S.A. de C.V.; y Rafael Ángel Canto Vázquez, tesorero de Circuito Metropolitano.
Se heredó un modelo fallido; sus ingresos no cubren ni la mitad del costo de operación
La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza con colapsar el sistema de transporte público estatal, especialmente el tan promovido “Va y Ven”.
La situación actual no solo pone en riesgo la movilidad de miles de ciudadanos, sino que también revela un modelo financiero viciado, contratos cuestionables y decisiones administrativas que comprometen gravemente las finanzas públicas.

De acuerdo con el director de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, el organismo opera con un déficit anual de 1,860 millones de pesos. El sistema heredado por la administración actual apenas logra cubrir el 41% de sus costos reales de operación, es decir, por cada peso que ingresa se gastan dos pesos y medio.
Las causas son múltiples y preocupantes: pagos excesivos a concesionarios por rutas no recorridas, sobreprecios en tecnología que no funciona adecuadamente, y contratos desproporcionados como el del CETRAM Norte, donde se pagan 22 millones de pesos anuales únicamente por el alquiler de un terreno durante 15 años, generando un compromiso de 330 millones de pesos en total, sin incluir mantenimiento ni otros servicios.
Fideicomisos desaparecidos: sin fondos, sin control
Dos fideicomisos clave que garantizaban estabilidad y transparencia en el sistema de transporte fueron vaciados financieramente: el Fideicomiso 2272 del Sistema Integrado de Transporte, manejado por Banobras, y el Fondo Estatal para el Transporte, bajo custodia de HSBC. Ambos instrumentos fueron dejados con cero pesos asignados para 2025, tras la decisión del Congreso del Estado, impulsada por la propuesta del gobierno anterior.Estos fideicomisos no solo eran esenciales para el flujo ordenado de recursos, sino que también representaban una herramienta para evitar malos manejos. Su desaparición deja al sistema expuesto a la improvisación financiera.
De 76 millones a 2,400 millones: presupuesto inflado sin explicación clara
A pesar de la desaparición de los fideicomisos, el presupuesto general de la Agencia de Transporte se disparó de forma inusual. En 2024, el presupuesto era de 76 millones de pesos, mientras que para 2025 se asignaron más de 2,400 millones, un aumento de más de 32 veces. Esta inconsistencia genera serias dudas sobre la planeación, el origen y la justificación del gasto.
Herencia de deudas: más de 800 millones sin respaldo
El gobernador Joaquín Díaz Mena informó en noviembre pasado que su antecesor, Mauricio Vila Dosal, dejó un agujero financiero de 808 millones de pesos. Este monto incluye adeudos no pagados, reclasificaciones presupuestales sin ejecutar, y compromisos financieros sin fondos asignados.
En el sector de seguridad pública, por ejemplo, la nueva administración detectó una deuda acumulada de 242 millones, lo cual es solo una parte de los pasivos heredados.
Ultimátum y presiones de los concesionarios

La situación llegó a un punto crítico cuando los concesionarios del sistema Va y Ven lanzaron un ultimátum al Congreso, advirtiendo que podrían suspender el servicio por falta de pagos. Esto generó alarma entre los usuarios del transporte y evidenció la fragilidad del sistema ante el incumplimiento financiero.
A la par, algunos transportistas denunciaron una supuesta estrategia para desestabilizar deliberadamente el sistema y permitir la entrada de nuevos esquemas de negocio controlados por empresarios cercanos al actual gobierno, lo cual intensifica la percepción de que los intereses públicos han sido desplazados por los privados.
Irregularidades graves: dinero escondido y tarjetas vendidas ilegalmente
Durante la etapa de transición entre gobiernos, se descubrieron 1.6 millones de pesos en efectivo escondidos en cajones y archivos de las oficinas de la ATY. Este dinero no estaba registrado en ningún sistema contable y se presume que proviene de la venta ilegal de tarjetas de transporte que debían entregarse de manera gratuita.

El hallazgo derivó en denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción y la renuncia de varios funcionarios vinculados a estas prácticas opacas.
El costo real para los ciudadanos
Sosa Novelo advirtió que si no se corrige con urgencia el modelo financiero del transporte público, los yucatecos tendrán que asumir una deuda de más de 11 mil millones de pesos en subsidios durante los próximos seis años. Esta cantidad representa una carga fiscal considerable que recaerá directamente sobre los contribuyentes, quienes terminarán pagando los errores, excesos y omisiones de administraciones pasadas.
Conclusión
La crisis del transporte público en Yucatán no es solo una cuestión administrativa: es un problema estructural que afecta directamente a la ciudadanía.
La falta de previsión, los contratos opacos y la ausencia de controles financieros han puesto en jaque al sistema Va y Ven, cuya viabilidad ahora depende de un rescate urgente y una profunda revisión del modelo.
Mientras tanto, los yucatecos observan cómo sus impuestos podrían ser usados para pagar una deuda impuesta sin su consentimiento ni beneficio directo.
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