El fraude turístico crece y coloca a Yucatán en el top tres nacional.
Buscan frenar estafas a viajeros con nueva figura jurídica en Yucatán.
La Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán (Amit) presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reformas a la ley para tipificar el delito de “fraude turístico”, una problemática grave, sistemática y en crecimiento que ya coloca a Yucatán en el tercer lugar nacional en la incidencia de este ilícito, informó su presidenta Rosa Isela García Pantoja en exclusiva para Baúl del Sol, único medio especializado en turismo invitado al evento.
La dirigente de la asociación estuvo acompañada por Rosario Cano López, vicepresidente de agencias de viajes; Manuel Caamal Gamboa, delegado de transportes y Mónica Guadalupe Cabrera Pacheco, delegada de la Amit en el municipio de Homún. Explicó que, tras entregar formalmente la solicitud en la sede del Poder Legislativo, existe una mejor disposición de los diputados para atender la petición, luego de reunirse con la Comisión de Turismo, representada por la Presidenta Sayda Melina Rodríguez Gómez así como los integrantes María Teresa Boehm Calero, Itzel Falla Uribe y Mario Alejandro Cuevas Mena, a quienes entregaron información que les permitirá dimensionar la magnitud del problema.
Añadió que incluso los legisladores ofrecieron dar seguimiento al planteamiento y organizar mesas de trabajo con el objetivo de construir una figura jurídica específica, en lugar de seguir atendiendo estos casos como un delito común, como ocurre actualmente.
El documento entregado al Congreso expone que, con fundamento en los principios de protección al consumidor, legalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico sostenible, el fraude turístico afecta de manera directa al sector, que solo en 2024 registró pérdidas por 800 millones de pesos y en 2025 alcanzó los 850 millones. Estas cifras están sustentadas en proyecciones consolidadas de Mastercard Economics, el Instituto UNWTO (Agencia de las Naciones Unidas Especializada en Turismo), Statista y firmas de ciberseguridad.
Yucatán, en el top tres de mayor afectación
Las pérdidas, superiores a 800 millones de pesos, ubican a Yucatán como la tercera entidad del país con mayores afectaciones por esta problemática. La asociación advierte que, en la mayoría de los casos, quienes cometen este ilícito no reciben sanciones efectivas debido a la ausencia de una tipificación específica del fraude turístico en los marcos normativos vigentes, lo que genera vacíos legales que impiden una adecuada persecución penal y administrativa.
La Amity subrayó que esta situación ya tiene consecuencias tangibles en el estado. Tan solo en enero del presente año se documentó al menos un caso de fraude turístico en una agencia de viajes establecida, con afectaciones a turistas locales, nacionales e internacionales. Estos hechos no solo provocan daños patrimoniales, sino que vulneran la confianza del consumidor, afectan la competitividad del destino y lesionan la imagen turística de Yucatán, un estado que se ha posicionado como referente nacional e internacional por su riqueza cultural, natural y gastronómica.
Modalidades de fraude y riesgos emergentes
El documento detalla que este tipo de fraude es cometido por agencias de viajes, organizadores de eventos, empresas de transporte terrestre, vendedores en banqueta, enganchadores, operadoras de servicios turísticos y hospedajes tipo Airbnb que operan al margen de la ley. Entre las principales modalidades se encuentran hospedajes inexistentes o suplantados, agencias y operadoras no registradas, ventas de paquetes y tours apócrifos, cobros anticipados sin prestación de servicios y servicios turísticos ofrecidos por vehículos de plataforma sin licencia vigente ni seguro, lo que ha provocado accidentes graves, dejando a pasajeros en situación de vulnerabilidad y generando altos costos reputacionales para el país.
Estas prácticas generan pérdidas económicas millonarias, afectan la confianza del turista y fomentan la competencia desleal, al perjudicar directamente a las empresas formales que sí cumplen con la normatividad y ofrecen garantías de calidad, seguridad y profesionalismo.
Cifras globales y contexto internacional
De acuerdo con proyecciones consolidadas de Mastercard Economics, la UNWTO, Statista y firmas de ciberseguridad, el fuerte crecimiento del turismo digital y de las reservas en línea ha elevado significativamente el riesgo de fraudes, especialmente en temporadas altas y en destinos urbanos y culturales. América Latina y el sudeste asiático presentan los mayores crecimientos porcentuales en este tipo de delitos, mientras que Norteamérica y Europa concentran los mayores volúmenes económicos.
A nivel mundial, el fraude turístico afectó en 2025 al viajero consumidor de estos servicios con un estimado de entre 45 y 50 millones de dólares. Una de las tendencias clave es que por cada dólar defraudado, la industria turística pierde hasta tres dólares adicionales en costos operativos, reputación y litigios, lo que amplifica el impacto económico y social del problema.
Impacto nacional y desafíos estructurales
En el ámbito nacional, México se ubica entre los países con mayor incidencia de fraudes vinculados a servicios turísticos. En 2024, las pérdidas fueron de 800 millones de pesos y en 2025 se incrementaron a 850 millones, particularmente en destinos de alta demanda. Las principales modalidades incluyen hospedajes inexistentes o suplantados, agencias y operadoras no registradas, ventas de paquetes y tours apócrifos, cobros anticipados sin prestación de servicios y el uso de autos de plataforma sin licencia vigente ni seguro para ofrecer servicios turísticos.
Estas prácticas no solo afectan al consumidor final, sino que dañan la reputación del país como destino turístico, al generar experiencias negativas que se difunden rápidamente a través de redes sociales y plataformas digitales.
Situación en Yucatán: desorden y riesgos crecientes
En Yucatán, la Amity alertó que el problema es especialmente grave. El estado ocupa el tercer lugar nacional en fraudes turísticos, con afectaciones tanto a visitantes como a residentes, mediante estafas en paquetes de viajes, transporte, organización de eventos y otros servicios, muchas veces acompañadas del uso indebido de medios electrónicos.
La asociación destacó tres fenómenos preocupantes:
1.- La proliferación de creadores de contenido o “influencers” que, sin capacitación profesional ni conocimientos turísticos, organizan viajes de transporte terrestre y otros servicios sin ninguna regularización.
2.- La percepción de que hoy cualquiera puede vender viajes o fungir como guía de turistas sin especialidad, lo que convierte una profesión en un ejercicio improvisado y daña la imagen del estado.
3.- El desorden en los registros, pues actualmente existen 270 agencias de viajes registradas y alrededor de 300 que operan de manera irregular, además de múltiples irregularidades en transporte turístico, cooperativas, hospedaje, banqueteras y otros segmentos del ramo.
Propuesta de acciones concretas
Ante este panorama, la Amity solicitó al Congreso del Estado cuatro acciones concretas:
1.- Tipificar el fraude turístico como figura jurídica específica dentro de la legislación estatal.
2.- Establecer sanciones penales y administrativas severas, claras y disuasivas para evitar la reincidencia.
3.- Garantizar condiciones de legalidad, certeza jurídica y competencia leal para las empresas formalmente establecidas.
4.- Proteger el desarrollo económico del turismo como actividad estratégica, al aportar el 16.5% del Producto Interno Bruto estatal.
Finalmente, la Amity expresó su convicción de que la tipificación del fraude turístico representa una acción preventiva y correctiva indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, proteger a los turistas y consolidar a Yucatán como un destino seguro, confiable y competitivo a nivel nacional e internacional, en un contexto global donde la confianza del viajero se ha convertido en uno de los principales activos de la industria turística.
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