Sólo 30 de 2,200 casos graves han sido fallados en una década: ASF
Auditor Superior cuestiona modelo anticorrupción y pide mayores facultades para fiscalizar
México requiere una reforma constitucional de fondo que fortalezca las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y permita que las irregularidades detectadas mediante la fiscalización se traduzcan efectivamente en responsabilidades y sanciones, planteó el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel.
Ante más de un centenar de empresarios afiliados a COPARMEX Ciudad de México, el funcionario cuestionó los resultados alcanzados por el actual modelo institucional de combate a la corrupción y puso sobre la mesa una cifra que dimensiona el problema: de aproximadamente 2 mil 200 casos graves registrados durante una década, sólo 30 han sido fallados.
DE LA FISCALIZACIÓN A LAS CONSECUENCIAS
Durante la conferencia magistral “Impulsando un Nuevo Modelo de Fiscalización”, celebrada en el Centro Libanés, Hernández Palacios Cardel sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en evitar que las investigaciones y procedimientos se prolonguen durante años sin desembocar necesariamente en sanciones.
“Nos piden dar resultados, luchar en contra de la corrupción, pero cuando volteas a ver qué es lo que hay atrás, pues es un esquema de simulación creado para que no pase nada”, afirmó ante los empresarios.
El Auditor Superior recordó que en 2016, tras diversos casos que colocaron la corrupción en el centro del debate nacional, México desarrolló el marco que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, consideró necesario revisar ahora la estructura jurídica e institucional para incrementar su efectividad.
La propia ASF establece oficialmente que su actuación está regida por la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y que su misión consiste en fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno.
UNA REFORMA CONSTITUCIONAL DE FONDO
El planteamiento central presentado ante COPARMEX CDMX consiste en otorgar mayores facultades y herramientas a la ASF para que los resultados de sus auditorías no terminen únicamente en observaciones o procedimientos prolongados.
La propuesta apunta a modificar estructuralmente el modelo de fiscalización, buscando reducir la distancia existente entre detectar una irregularidad, acreditar una responsabilidad y alcanzar una resolución.
Actualmente, la ASF fiscaliza el uso de recursos públicos federales ejercidos por los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, estados, municipios y, en determinados supuestos, personas físicas o morales públicas o privadas que administren o ejerzan recursos federales.
LA CORRUPCIÓN NO TERMINA EN EL GOBIERNO
Otro de los mensajes dirigidos al sector empresarial fue que la corrupción no puede entenderse exclusivamente como un problema de servidores públicos.
Empresas, contratistas, proveedores, intermediarios y particulares también pueden intervenir en operaciones irregulares, por lo que Hernández Palacios Cardel destacó la necesidad de fortalecer una cultura de integridad y prevención desde la iniciativa privada.
Para las empresas, ello implica desarrollar controles internos, políticas de cumplimiento y mecanismos capaces de detectar prácticas contrarias a la ley antes de que se conviertan en actos de corrupción.
EMPRESARIOS, GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El encuentro abrió así una discusión que rebasa el ámbito gubernamental: la construcción de un modelo en el cual autoridades, empresas y sociedad compartan responsabilidades para cerrar espacios a prácticas indebidas.
En la Reunión Mensual de Socios participaron también Arely Gómez González, asesora Compliance de la ASF; Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de COPARMEX CDMX; Alejandro Kuri Pheres, vicepresidente de Relaciones con Gobierno del organismo empresarial, y Jorge Antonio Serio Salomón, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés.
El mensaje de fondo planteado por el Auditor Superior fue que detectar corrupción no es suficiente. El reto institucional consiste en lograr que, cuando las responsabilidades sean acreditadas conforme a derecho, existan mecanismos eficaces para que los procedimientos lleguen a una resolución y, en su caso, a las sanciones correspondientes.
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