Fraude turístico: Yucatán ante la oportunidad de marcar un precedente nacional

La propuesta impulsada por AMIT desde febrero llega a una etapa decisiva en el Congreso.

Dos iniciativas legislativas serán discutidas el próximo martes 24 de noviembre, en medio de diferencias políticas sobre su origen y el tiempo transcurrido para atender el problema.

REDACCION BAUL DEL SOL.-

Nueve meses después de que representantes de la industria turística solicitaran al Congreso del Estado establecer una figura jurídica específica para combatir el fraude turístico, Yucatán se encuentra ante la posibilidad de avanzar hacia una legislación que fortalezca la protección de los viajeros, las empresas legalmente constituidas y la reputación del destino.

El próximo martes 24 de noviembre, las comisiones unidas de Justicia y Turismo del Congreso estatal tienen previsto reunirse para discutir y, en su caso, votar las iniciativas presentadas por legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN).

La fecha fue acordada por unanimidad durante la sesión del pasado 17 de noviembre, luego de que los diputados recibieran las propuestas y plantearan la necesidad de avanzar en su análisis.

La eventual aprobación de una reforma podría colocar a Yucatán como un referente en el combate legislativo contra las estafas relacionadas con servicios turísticos, aunque todavía será necesario conocer el alcance definitivo de las modificaciones y compararlas con la legislación de otras entidades federativas.

Una propuesta que nació en el sector turístico

La historia comenzó meses antes de la actual discusión parlamentaria.

El 7 de febrero de 2026, Baúl del Sol documentó la presentación de una propuesta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán (AMIT), encabezada por su presidenta, Rosa Isela García Pantoja, quien acudió al Congreso acompañada por representantes de diferentes actividades vinculadas al turismo.

En aquella ocasión, la dirigente empresarial expuso la necesidad de reconocer jurídicamente el fraude turístico como una conducta específica, ante la proliferación de agencias irregulares, hospedajes inexistentes, paquetes vacacionales falsos, cobros anticipados sin prestación del servicio y otras modalidades que afectan tanto a consumidores como a empresarios establecidos.

La delegación empresarial fue recibida por integrantes de la Comisión de Turismo, presidida por la diputada Sayda Melina Rodríguez Gómez.

Entre los participantes estuvieron Rosario Cano López, vicepresidente de agencias de viajes; Manuel Caamal Gamboa, delegado de transportes, y Mónica Guadalupe Cabrera Pacheco, delegada de AMIT en Homún.

La asociación planteó cuatro objetivos: tipificar el fraude turístico, establecer sanciones penales y administrativas, garantizar condiciones de competencia leal y proteger el desarrollo económico de una actividad estratégica para Yucatán.

Desde entonces, AMIT advirtió que la ausencia de una figura jurídica específica dificultaba la atención de determinadas conductas que actualmente se investigan mediante disposiciones generales.

El costo económico y la pérdida de confianza

En el documento presentado en febrero, AMIT estimó afectaciones económicas por 800 millones de pesos durante 2024 y 850 millones en 2025, con base en las proyecciones que la propia organización citó.

Estas cantidades corresponden a estimaciones aportadas por la asociación y no deben confundirse con cifras oficiales de denuncias o pérdidas acreditadas judicialmente.

Sin embargo, el problema va más allá del dinero.

Una reservación falsa, un paquete vacacional inexistente o la suplantación de una empresa turística pueden ocasionar daños patrimoniales a las familias, además de perjudicar la confianza de los visitantes y la imagen de los destinos.

Para las agencias, transportistas, operadores y prestadores de servicios que cumplen con sus obligaciones legales, estas prácticas también representan una forma de competencia desleal.

La expansión de las plataformas digitales y de las redes sociales ha abierto nuevas oportunidades para comercializar experiencias turísticas, pero también facilita la circulación de ofertas engañosas y la utilización indebida de identidades comerciales.

La discusión también exhibe diferencias políticas

La sesión del 17 de noviembre dejó al descubierto que el avance de las iniciativas no ha estado exento de controversias.

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión de Turismo, Sayda Melina Rodríguez Gómez, recordó que la propuesta de la bancada panista había sido presentada meses atrás y sostuvo que, desde entonces, solicitó en diversas ocasiones convocar a las comisiones unidas para analizarla.

De acuerdo con su exposición, las peticiones no obtuvieron respuesta.

La legisladora explicó que su planteamiento surgió después de escuchar a representantes del sector turístico preocupados por el crecimiento de las estafas y sus consecuencias para los visitantes, las empresas y la reputación de Yucatán.

También señaló que la iniciativa presentada por un integrante de la bancada mayoritaria guarda coincidencias sustanciales con la propuesta del PAN en contenido y objetivos, cuestión que deberá examinarse mediante el análisis comparativo de ambos documentos.

Sus declaraciones introdujeron una discusión sobre los tiempos legislativos y el origen de las propuestas, aunque otros integrantes de las comisiones llamaron a privilegiar los acuerdos y el interés público.

Durante la reunión también se expresó que el alcance del problema trasciende las diferencias partidistas y que el Congreso debe aprovechar la coincidencia entre bancadas para avanzar en una respuesta legislativa.

Finalmente, los diputados acordaron por unanimidad reunirse el martes 24 de noviembre. El horario quedó pendiente de confirmación por la Secretaría Técnica.

¿Qué cambiaría para los turistas?

La discusión abre una pregunta fundamental: ¿qué protección adicional recibirán los viajeros si prospera la reforma?

La propuesta original de AMIT busca que determinadas conductas vinculadas con la comercialización fraudulenta de servicios turísticos cuenten con un tratamiento jurídico específico.

No obstante, el alcance real dependerá de la redacción final que apruebe el Congreso, particularmente de la definición de las conductas sancionables, los requisitos para acreditar el delito y las penas correspondientes.

También será importante determinar si la reforma atiende las distintas modalidades denunciadas por los prestadores de servicios o si se concentra en supuestos particulares, como la suplantación de identidad.

La existencia de una nueva disposición penal, por sí sola, no garantiza que desaparezcan las estafas. Su eficacia dependerá también de la capacidad de investigación, la presentación de denuncias, la coordinación institucional y la protección efectiva de las víctimas.

Una oportunidad que trasciende al Congreso

Para Yucatán, el debate representa una oportunidad de fortalecer la confianza en uno de sus sectores económicos más importantes.

La industria turística no solamente depende de la promoción de sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos. También necesita ofrecer certeza a quienes contratan hospedajes, transportación, excursiones y otros servicios.

Una legislación clara podría contribuir a combatir prácticas fraudulentas y proteger a los negocios que operan formalmente, siempre que vaya acompañada de mecanismos eficaces de aplicación.

Pero la discusión del martes también permitirá conocer hasta dónde existe voluntad política para convertir las coincidencias entre bancadas en una respuesta concreta.

Baúl del Sol ha seguido esta historia desde febrero, cuando AMIT presentó su propuesta ante el Poder Legislativo. Ahora, nueve meses después, el planteamiento empresarial se encuentra frente a una nueva etapa de definición.

El resultado de la próxima reunión permitirá saber si Yucatán avanza hacia una reforma contra el fraude turístico o si la propuesta deberá recorrer todavía un camino legislativo más largo.

Porque, más allá de quién presente una iniciativa o qué bancada obtenga el reconocimiento político, lo verdaderamente importante será determinar si la ley consigue proteger a quienes confían sus vacaciones, su patrimonio y sus expectativas a la industria turística de Yucatán.

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