Menos delitos, más temor: la paradoja de la seguridad empresarial en Yucatán

Aunque Yucatán registra la menor prevalencia delictiva contra negocios del país, el 94.9% de los delitos permanece en la cifra oculta y la percepción de inseguridad empresarial aumentó a 35.6%, revela el INEGI.

La delincuencia contra los establecimientos comerciales, industriales y de servicios representó un costo de 1,447 millones de pesos para los negocios de Yucatán durante 2025, a pesar de que la entidad registró la menor prevalencia delictiva empresarial del país.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan una situación contrastante: disminuyeron los delitos contra las unidades económicas, pero aumentó la proporción de empresarios y establecimientos que perciben inseguridad.

El estudio, cuyo periodo de referencia para la victimización comprende de enero a diciembre de 2025, permite dimensionar no solamente la incidencia delictiva, sino también sus consecuencias económicas, las medidas de protección adoptadas y las afectaciones a las actividades productivas.

Dos de cada diez negocios, víctimas del delito

Durante 2025, Yucatán registró una tasa de 1,800 unidades económicas víctimas de algún delito por cada 10 mil establecimientos.

Esto significa que aproximadamente 18 de cada 100 negocios experimentaron algún hecho delictivo, proporción inferior al promedio nacional de 2,593 por cada 10 mil unidades económicas.

La entidad se ubicó en el primer lugar nacional por su menor prevalencia delictiva empresarial.

Además, el indicador estatal mejoró respecto de 2023, cuando se contabilizaron 1,889 negocios afectados por cada 10 mil.

La tendencia histórica muestra que Yucatán pasó de una tasa de 2,389 en 2015 a 1,800 en 2025, aunque con fluctuaciones durante ese periodo.

En cuanto a la incidencia delictiva, que contabiliza el número de delitos y no solamente los establecimientos afectados, se registraron 3,373 delitos por cada 10 mil unidades económicas.

También en este indicador Yucatán presentó la menor incidencia nacional, con una reducción respecto de los 4,632 delitos registrados por cada 10 mil unidades económicas en 2023.

La diferencia entre ambos indicadores es importante: un mismo establecimiento puede ser víctima de más de un delito durante el año.

El comercio, el sector más vulnerable

Los establecimientos comerciales presentaron la mayor prevalencia delictiva entre las actividades económicas de Yucatán.

De acuerdo con el INEGI, 2,468 negocios comerciales por cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, lo que equivale aproximadamente a uno de cada cuatro establecimientos.

En el sector servicios, la tasa fue de 1,753 por cada 10 mil, mientras que en la industria se ubicó en 783.

Los tres sectores registraron indicadores inferiores a sus respectivos promedios nacionales.

Sin embargo, la mayor exposición del comercio representa un desafío para los establecimientos dedicados a la venta de productos, particularmente por los riesgos relacionados con la sustracción de mercancías y otras modalidades delictivas.

Entre los delitos más frecuentes sobresale el robo hormiga, que representó el 22.3% de los casos, seguido de la extorsión, con 22.2%, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 15.5%.

La cercanía entre el robo hormiga y la extorsión resulta especialmente relevante para el análisis empresarial, pues evidencia que la delincuencia afecta a los negocios mediante distintas modalidades.

El 94.9% de los delitos queda en la cifra oculta

Uno de los resultados más significativos de la encuesta es que el 94.9% de los delitos cometidos contra las unidades económicas de Yucatán no fue denunciado o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

Este indicador, conocido como cifra oculta, prácticamente no cambió respecto de 2023, cuando se ubicó en 94.8%.

En términos ilustrativos, de cada 100 delitos contra los negocios, aproximadamente 95 permanecieron fuera de una investigación formal.

El dato obliga a distinguir entre la incidencia delictiva estimada mediante encuestas y los delitos que aparecen en los registros de las autoridades.

También plantea interrogantes sobre los obstáculos para denunciar y la relación de los establecimientos con las instituciones encargadas de procurar justicia.

La infografía no identifica las razones específicas por las cuales los negocios dejan de denunciar, por lo que sería necesario consultar información adicional antes de atribuir el fenómeno a determinadas causas.

Aumenta la percepción de inseguridad

Otro resultado que merece atención es el incremento de la percepción de inseguridad empresarial.

Entre marzo y mayo de 2026, el 35.6% de las unidades económicas manifestó percibir inseguridad en Yucatán.

En 2024, esa proporción era de 24.5%.

Esto representa un aumento de 11.1 puntos porcentuales y una variación relativa de 45.6%, considerada estadísticamente significativa por el INEGI.

Aunque el porcentaje estatal permanece muy por debajo del promedio nacional de 71.2%, el crecimiento revela que la percepción de riesgo no necesariamente evoluciona al mismo ritmo que los indicadores de victimización.

La disminución de los delitos experimentados por las empresas y el aumento de la inseguridad percibida constituyen dos fenómenos distintos que deben analizarse conjuntamente.

La delincuencia golpea las finanzas empresariales

El costo económico estimado de la delincuencia contra los negocios de Yucatán ascendió a 1,447 millones de pesos durante 2025, frente a los 1,549 millones reportados para 2023.

Estas cifras están expresadas a precios de la segunda quincena de julio de 2018, por lo que deben interpretarse como valores comparables en términos reales, no como cantidades a precios corrientes de 2025.

El INEGI calculó un costo promedio de 24,836 pesos por unidad económica afectada por la inseguridad.

Adicionalmente, las empresas que adoptaron alguna medida de protección realizaron un gasto promedio de 16,937 pesos por establecimiento, mientras que las pérdidas promedio por unidad económica víctima del delito ascendieron a 15,273 pesos.

Los indicadores muestran que la inseguridad no solamente genera pérdidas directas por los delitos cometidos, sino que también obliga a destinar recursos para prevenir nuevos incidentes.

Estos gastos representan recursos que, en otras circunstancias, podrían destinarse a otras necesidades de operación o inversión.

Cuatro de cada diez negocios adoptan medidas de protección

La encuesta señala que el 40.8% de las unidades económicas de Yucatán adoptó al menos una medida de protección durante 2025.

En 2023, esa proporción fue de 30.9%.

Entre las principales medidas reportadas destacan la instalación de alarmas o cámaras de videovigilancia, con 23.5%; el cambio o colocación de cerraduras y candados, con 22.1%; y la sustitución de puertas o ventanas, con 12.6%.

También se registró la instalación de rejas o bardas, con 11.5%, mientras que 5.5% de las unidades económicas contrató seguros.

En contraste, solamente 4.7% reportó instalar sistemas de protección contra ataques cibernéticos y 3.3% creó un área responsable de la seguridad.

Estas últimas cifras resultan relevantes ante la creciente digitalización de las operaciones empresariales, aunque la encuesta presentada no permite determinar por sí sola el nivel de exposición de los negocios a los ciberdelitos.

La inseguridad también frena inversiones

Más allá de las pérdidas económicas inmediatas, el 24% de las unidades económicas víctimas del delito reportó al menos una afectación en su actividad empresarial.

Entre las consecuencias señaladas, 14.1% dejó de manejar efectivo o redujo su utilización al mínimo.

Otro 8.5% canceló planes de crecimiento o inversiones, mientras que 7.7% redujo sus horarios de producción o comercialización.

Estas consecuencias permiten observar que la delincuencia puede modificar decisiones operativas y limitar proyectos de expansión empresarial.

La cancelación de inversiones resulta particularmente importante porque vincula el problema de la seguridad con las expectativas de crecimiento económico.

El desafío: conservar la seguridad y fortalecer la confianza

Los resultados de la ENVE 2026 colocan a Yucatán en una posición favorable frente al resto del país en materia de victimización e incidencia delictiva empresarial.

Sin embargo, también muestran desafíos que no deben minimizarse.

La elevada cifra oculta, el incremento de la percepción de inseguridad y los recursos destinados a enfrentar la delincuencia evidencian que los buenos indicadores comparativos no significan la desaparición del problema.

Para los sectores productivos, la seguridad constituye un factor relacionado con la continuidad de las operaciones, la protección del patrimonio y las decisiones de inversión.

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