El Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno revela que la exclusión afecta especialmente a mujeres y jóvenes.
Ningún estado de la República Mexicana garantiza plenamente el derecho humano al trabajo digno. El diagnóstico del Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, coloca nuevamente bajo la lupa las condiciones en las que millones de mexicanos buscan, encuentran o desempeñan una actividad laboral.
El estudio revela que 57.6 millones de personas, equivalentes a 65% de la población en edad y condiciones para trabajar, carecen de trabajo digno. En 20 de las 32 entidades federativas, más de 60% de esta población enfrenta alguna forma de exclusión laboral o precariedad.
El dato adquiere especial relevancia porque el problema no se limita al desempleo. Una persona puede tener un trabajo y, sin embargo, carecer de seguridad social, servicios de salud, protección social, ingresos suficientes o condiciones que permitan ejercer plenamente sus derechos laborales.
El sur-sureste concentra los mayores porcentajes de rezago
Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Puebla aparecen entre las entidades con los mayores porcentajes de población sin trabajo digno. En términos absolutos, sin embargo, el panorama cambia debido al tamaño de las poblaciones estatales: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Puebla concentran las mayores cantidades de personas afectadas.
La diferencia entre porcentaje y cantidad resulta fundamental para comprender la dimensión nacional del problema. Mientras algunas entidades presentan una mayor proporción de su población en condiciones de exclusión o precariedad, otras concentran a millones de personas afectadas simplemente por contar con una población mucho mayor.
¿Y… Yucatán?
Yucatán no aparece entre las entidades que encabezan los mayores porcentajes de rezago señalados por el Observatorio, pero tampoco puede considerarse ajeno al problema.
Los datos específicos del Reporte 29 indican que en el estado alrededor de 1.1 millones de personas carecen del derecho al trabajo digno, aproximadamente 66% de la población en edad y condiciones de trabajar. Es decir, aunque Yucatán no se encuentre entre los estados con los indicadores más elevados, el desafío laboral sigue siendo considerable.
El panorama estatal combina exclusión laboral con condiciones precarias para quienes sí cuentan con una ocupación.
Entre los principales déficits se encuentra el acceso a la seguridad social: alrededor de 64% de las personas ocupadas en Yucatán carecen de este derecho, de acuerdo con la información difundida a partir del Reporte 29.
Por ello, el caso de Yucatán ofrece una lectura distinta: no se encuentra entre los territorios con los mayores niveles de exclusión, pero mantiene una proporción suficientemente elevada de población sin trabajo digno como para convertir el tema en un desafío de política pública.
La exclusión laboral va más allá del desempleo
El Observatorio explica que la exclusión laboral comprende a las personas desempleadas que buscan trabajo y a quienes están disponibles para trabajar, pero también incorpora a quienes no pueden incorporarse a una actividad remunerada porque realizan labores de cuidado en sus hogares sin recibir remuneración.
Esta última condición representa uno de los principales obstáculos para millones de mujeres.
Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Tabasco registran los mayores porcentajes de exclusión laboral. Cuando se considera el número de personas, el orden cambia: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Guanajuato concentran las mayores cantidades.
La dimensión del problema permite observar que la falta de oportunidades laborales no puede analizarse exclusivamente desde las cifras de desempleo. Existen millones de personas que permanecen fuera del mercado laboral debido a responsabilidades familiares que el sistema económico y social todavía no logra distribuir de manera equitativa.
El trabajo de cuidados mantiene fuera del mercado laboral a millones de mujeres
Una de las conclusiones más contundentes del reporte es que más de 90% de las personas excluidas del mercado laboral por realizar labores de cuidado son mujeres. En Chiapas, este porcentaje llega hasta 99%.
Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí presentan los mayores porcentajes de personas excluidas por esta causa. En números absolutos, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Puebla concentran las mayores cantidades.
La situación pone sobre la mesa un problema que durante años permaneció fuera de las principales discusiones económicas: cuidar también es trabajar, pero cuando estas tareas se realizan sin remuneración y sin servicios públicos suficientes, se convierten en una barrera para acceder a un empleo formal y generar ingresos propios.
Cuatro de cada diez tienen empleo, pero en condiciones precarias
El Reporte 29 advierte que aproximadamente 40% de la población potencialmente productiva tiene trabajo, pero en condiciones precarias, particularmente por la falta de acceso al seguro social y a servicios de salud y protección social.
Esto significa que el desafío mexicano tiene dos grandes dimensiones: por un lado, incorporar al mercado laboral a quienes permanecen excluidos; por otro, transformar los empleos existentes para que permitan ejercer efectivamente los derechos laborales.
La precariedad laboral también afecta la capacidad de las familias para enfrentar enfermedades, accidentes, maternidad, vejez y otras circunstancias que requieren mecanismos de protección social.
La propuesta: invertir en cuidados y facilitar el acceso a la seguridad social
Ante este escenario, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea la necesidad de pasar de los discursos a la inversión concreta en un sistema de cuidados.
La organización propone multiplicar servicios como estancias infantiles, escuelas de horario ampliado, centros de día para adultos mayores, centros de rehabilitación y espacios de atención para personas con discapacidad.
La finalidad no es únicamente brindar servicios sociales. También se busca liberar tiempo de millones de mujeres para que puedan incorporarse al mercado laboral, permanecer en él y desarrollar una trayectoria económica con mayor autonomía.
Al mismo tiempo, plantea crear incentivos y mecanismos que permitan incorporar a la seguridad social a millones de personas que trabajan por cuenta propia, en micronegocios o en actividades consideradas informales.
Una deuda que alcanza a todo México
El mensaje central del Reporte 29 es contundente: ninguna entidad federativa garantiza plenamente el derecho humano al trabajo digno.
Los datos muestran que México enfrenta un problema estructural que combina exclusión, desigualdad, cuidados no remunerados y precariedad laboral. No basta, por ello, con generar puestos de trabajo; el reto consiste en que esos empleos permitan acceder a seguridad social, salud, ingresos suficientes y protección de derechos.
Yucatán, aunque no figura entre los estados con los mayores porcentajes de rezago, también forma parte de este desafío nacional. Sus propios indicadores muestran que todavía existe una amplia brecha entre tener una ocupación y disfrutar efectivamente de un trabajo digno.
La conclusión del Observatorio coloca una responsabilidad compartida sobre gobiernos, empresas y sociedad: el crecimiento económico sólo puede considerarse verdaderamente incluyente cuando genera empleos que permiten vivir con dignidad y cuando quienes hoy permanecen excluidos cuentan con las condiciones necesarias para incorporarse al mundo laboral.
Porque el derecho al trabajo no termina cuando una persona consigue empleo. Empieza cuando ese empleo permite vivir, protegerse y construir un futuro.
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