Empresarios yucatecos advierten: limitar el amparo afectará a micro, pequeñas y medianas empresas
Reforma al Amparo: CCE Yucatán pide Parlamento Abierto ante riesgos para la certeza jurídica
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, que preside Claudia González Góngora, expresó su profunda preocupación ante la aprobación en el Senado de las reformas a la Ley de Amparo, al considerar que estas modificaciones restringen la capacidad de los ciudadanos y las empresas para defenderse frente a actos de autoridad.
El organismo destacó que el juicio de amparo es un pilar fundamental del Estado de Derecho, pues garantiza el control judicial sobre las decisiones del poder público. Su limitación —advirtió— abriría la puerta a posibles abusos y vulneraciones de derechos, con impacto directo en las personas y en los sectores productivos.
Riesgos para las micro, pequeñas y medianas empresas
El CCE recordó que en Yucatán el 99.9 por ciento de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales concentran el 83.6 por ciento del personal ocupado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las reformas a la Ley de Amparo, subrayó el consejo, podrían debilitar la defensa jurídica de estas empresas, al elevar los requisitos procesales y reducir los mecanismos de protección temporal. En la práctica, esto aumentaría la vulnerabilidad de los negocios frente a decisiones administrativas o fiscales que afecten su operación.
Entre los aspectos más preocupantes se encuentra el aumento del umbral para acreditar el “interés legítimo” y la limitación de las suspensiones provisionales, medidas que podrían dejar a empresas sin posibilidad de seguir operando mientras se resuelve un juicio.
Preocupación por garantías y retroactividad
El CCE Yucatán también advirtió sobre las nuevas restricciones a las garantías aceptables en materia fiscal y la introducción de una cláusula de “imposibilidad jurídica o material”, que permitiría a las autoridades justificar el incumplimiento de sentencias por falta de recursos.
Esa figura, señalaron los empresarios, rompería el principio de obligatoriedad de las resoluciones judiciales, debilitando la confianza en las instituciones y generando incertidumbre jurídica.
Otro punto de especial inquietud es la posible aplicación retroactiva de la reforma, lo que —según especialistas— contradiría el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de persona alguna.
Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la necesidad de revisar este aspecto para evitar que se vulneren derechos adquiridos y se afecte la seguridad jurídica de los particulares.
Llamado al diálogo y al Parlamento Abierto
Ante este panorama, el CCE Yucatán llamó a las autoridades a realizar foros de Parlamento Abierto donde participen juristas, académicos, legisladores y representantes de la sociedad civil, con el fin de analizar a fondo las implicaciones de la reforma.
El organismo reiteró su disposición al diálogo constructivo y su compromiso con la defensa de un juicio de amparo sólido, eficaz y accesible para todos los ciudadanos, que preserve la certeza jurídica y el equilibrio entre los poderes públicos y la sociedad.
“Un sistema de justicia confiable —señaló el consejo— es la base del desarrollo económico y social. Cualquier intento por debilitarlo pone en riesgo la confianza, la inversión y el futuro de millones de familias mexicanas”, concluyó el pronunciamiento.
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