La voz que informa merece protección: periodistas de Yucatán entregan iniciativa que podría marcar un antes y un después en el país
Del riesgo al derecho: comunicadores yucatecos exigen una ley para proteger la verdad y la libertad de expresión
En un hecho que podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión, asociaciones de periodistas de Yucatán entregaron al Congreso del Estado una propuesta de Ley de Protección Integral al Periodista, un proyecto construido desde el consenso del gremio y que busca garantizar la seguridad, los derechos y la dignidad de quienes diariamente tienen la responsabilidad de informar a la sociedad.
De aprobarse, Yucatán se convertiría en la primera de las 32 entidades federativas en contar con una legislación de carácter integral impulsada directamente por el gremio periodístico y respaldada por el Poder Legislativo, estableciendo un precedente histórico en un país donde ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo.
La historia reciente de México ha demostrado que la búsqueda de la verdad y la denuncia de hechos que afectan al interés público han cobrado la vida de numerosos comunicadores.
En muchas regiones, periodistas han enfrentado amenazas, agresiones y ataques por revelar información incómoda para grupos de poder político, económico o criminal. Por ello, la construcción de mecanismos efectivos de protección no representa un privilegio para el gremio, sino una garantía indispensable para preservar el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Una iniciativa construida desde la unidad del gremio
La entrega formal del documento se realizó en la sede de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, órgano que reúne a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo yucateco.
El documento fue recibido oficialmente por el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Zamna Luna Quirarte, así como por el asesor de Comunicación Social del Congreso, César Gómez.
La iniciativa es resultado de un proceso de construcción que comenzó en 2023, cuando se presentó una primera propuesta. Desde entonces, el proyecto fue enriquecido mediante mesas de trabajo, análisis de observaciones realizadas por las distintas fracciones parlamentarias y un ejercicio de diálogo entre legisladores y representantes de los medios de comunicación.
Su elaboración incluyó la participación de reporteros, locutores, conductores, fotógrafos, camarógrafos, periodistas independientes, así como nuevas generaciones de comunicadores digitales, entre ellos creadores de contenido e influencers que realizan labores de difusión informativa en los distintos espacios de comunicación contemporánea.
Un aspecto relevante fue la inclusión de periodistas que ejercen su labor en municipios del interior del estado, garantizando que la legislación no responda únicamente a la realidad de la capital yucateca, sino que contemple las necesidades y desafíos de quienes informan desde comunidades alejadas, donde en muchos casos las condiciones de trabajo son más complejas.
Una alianza sin precedentes entre organizaciones periodísticas
La propuesta fue respaldada por un amplio bloque de organizaciones del gremio que dejaron de lado diferencias particulares para presentar una iniciativa común en defensa del ejercicio periodístico.
Entre las agrupaciones participantes se encuentran la Asociación de Comunicadores 7 de Junio, encabezada por Addy Pérez Echeverría; la Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Yucatán, presidida por Yoisi Ivette Moguel Rosel; la Unión de Periodistas Independientes de Yucatán “Eligio Ancona”, dirigida por Daniel Barquet Loeza; la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Yucatán, representada por Felipe Vera Hernández; la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, presidida por Marco Moreno; la Unión de Comunicadores Porteños, representada por Roberto Nah Carvajal; el Foro Nacional de Periodistas capítulo Yucatán, encabezado por Roberto Ojeda, así como la agrupación liderada por Alejandro López Munguía.
Esta unión representa uno de los esfuerzos más amplios registrados en el estado para impulsar una legislación que proteja a quienes tienen como misión investigar, documentar y comunicar los acontecimientos que impactan la vida pública.
Protección real, autonomía y respeto a la conciencia periodística
El proyecto legislativo contempla la creación de un organismo autónomo encargado de la protección integral y defensa de los periodistas, con capacidad para establecer mecanismos de prevención y respuesta ante amenazas, actos de intimidación o agresiones.
Asimismo, plantea reconocer derechos fundamentales del ejercicio periodístico como el secreto profesional, que protege la confidencialidad de las fuentes informativas, y la cláusula de conciencia, que garantiza la independencia ética de los comunicadores frente a presiones externas.
Los representantes del gremio señalaron que, después de atender las observaciones realizadas por los legisladores y mantener un diálogo institucional respetuoso, hoy se presenta una propuesta fortalecida y lista para iniciar su proceso de análisis y eventual dictaminación.
Proteger a los periodistas es proteger el derecho de la sociedad a saber
La trascendencia de esta iniciativa va más allá de los intereses de un sector laboral. La protección del periodismo es una condición esencial para la existencia de sociedades democráticas, donde la crítica, la investigación y el escrutinio del poder sean posibles sin miedo a represalias.
Un periodista que trabaja bajo amenaza no solo ve vulnerada su seguridad personal; también se limita la capacidad de la sociedad de conocer hechos relevantes, exigir rendición de cuentas y participar plenamente en la vida pública.
En las próximas semanas, los representantes de las asociaciones sostendrán reuniones con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y continuarán con el proceso de socialización del documento entre todo el gremio periodístico yucateco.
El reto ahora corresponde al Poder Legislativo: transformar una demanda histórica en una herramienta jurídica efectiva que garantice que en Yucatán nadie tenga que arriesgar su vida por informar.
De concretarse, el estado podría escribir una página inédita en México, enviando un mensaje contundente: la libertad de expresión no debe defenderse únicamente con discursos, sino con instituciones y leyes capaces de proteger a quienes hacen posible el derecho de todos a conocer la verdad.
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