Empresarios alertan que el Va y Ven podría detenerse la próxima semana.
Sin combustible ni salarios: transportistas piden rescate urgente para evitar paro masivo del Vaivén.
La continuidad del sistema de transporte público Va y Ven enfrenta uno de sus momentos más delicados desde su creación. Concesionarios que operan el servicio advirtieron este jueves que, de no regularizarse un adeudo de 189 millones de pesos por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), el sistema podría detener operaciones la próxima semana debido a la falta de recursos para cubrir combustible, salarios de operadores y mantenimiento de unidades afectando a 370 mil usuarios diarios que utilizan las 105 rutas operadas por 550 autobuses pertenecientes a 14 empresas concesionarias.
Concesionarios buscan audiencia urgente con el gobernador
La preocupación quedó de manifiesto cuando Raymundo Vargas León, consejero de la Unión de Camioneros de Yucatán, y David Quintal Medina, presidente de Circuito Metropolitano, acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia urgente con el gobernador Joaquín Díaz Mena.
El objetivo, señalaron, es exponer la gravedad de la situación financiera que atraviesan las empresas transportistas y solicitar la intervención directa del Ejecutivo estatal para destrabar los pagos pendientes.
Según explicaron, la deuda acumulada por la ATY ha colocado a prácticamente todas las empresas operadoras en una situación de insolvencia técnica.
«Estamos técnicamente quebrados»
Raymundo Vargas León describió un escenario crítico.
«Estamos en una situación muy complicada, caótica. En cuestión de días esto puede estallar», afirmó.
Explicó que durante meses las empresas lograron sostener la operación mediante ajustes internos y esfuerzos extraordinarios, pero el incremento en los costos del diésel registrado durante los últimos meses terminó por agravar una situación financiera que ya era delicada.
«Habíamos logrado sobrellevar el tiempo con ciertos ajustes, pero la situación es insostenible», sostuvo.
Los concesionarios señalaron que actualmente mantienen adeudos con proveedores, refaccionarias y talleres especializados, mientras que gran parte de sus reservas técnicas —autobuses destinados a sustituir unidades en reparación— permanecen fuera de operación por falta de liquidez.
«La reserva técnica está paralizada. Aun así hacemos un esfuerzo por cumplir y tenemos una buena calificación», comentó Vargas León.
El problema: combustible, salarios y mantenimiento
Más allá de los números financieros, los empresarios advirtieron que el riesgo se encuentra en la operación cotidiana.
David Quintal Medina fue contundente al señalar que el modelo actual ya no permite sostener los costos reales del servicio.
«Si no hay un recurso económico y al operador no se le paga, va a parar. El que nos vende combustible, si no le pagamos, no nos da crédito. Solo con esos dos elementos, ¿cómo voy a dar servicio?», cuestionó.
La situación también afecta directamente las negociaciones salariales con los operadores.
De acuerdo con Quintal, los trabajadores tienen una demanda legítima de incremento salarial después de varios años sin ajustes significativos.
«A los trabajadores no les puedo aumentar el salario si no me aumentan el precio del kilómetro. Mi único ingreso es el que me da la ATY», explicó.
Un modelo financiero bajo presión
Los concesionarios también pusieron sobre la mesa cuestionamientos sobre la viabilidad financiera del sistema.
Quintal aseguró que la ATY enfrenta un problema de insolvencia estructural derivado de una recaudación inferior a la proyectada.
Según expuso, al cierre de 2025 la Agencia mantenía compromisos por alrededor de 750 millones de pesos y durante el primer trimestre de este año registró una disminución importante en sus ingresos.
«El gobierno del Estado está cumpliendo con dar lo presupuestado, pero el recaudo está para abajo», afirmó.
Incluso sostuvo que existe una diferencia considerable entre las cifras oficiales y la realidad operativa del sistema respecto al número de pasajeros transportados diariamente.
«Insistimos que nos muestren el estudio. No van a sustentar que solo 110 mil pasajeros tenemos al día, porque son más de 450 mil los que tenemos», señaló.
Pago por kilómetro: otro foco de conflicto
Uno de los puntos más sensibles para los transportistas es el esquema de pago por kilómetro recorrido.
De acuerdo con los empresarios, la tarifa de operación permanece prácticamente congelada desde hace tres o cuatro años.
«Nos pagan 31 pesos por kilómetro desde hace tres años, vamos por el cuarto. Ya aumentaron las prestaciones, combustibles, mantenimiento. Es insostenible», sostuvo Quintal.
Los concesionarios también expresaron preocupación por las recientes modificaciones a la Ley de Transporte y la nueva metodología de pago.
Raymundo Vargas indicó que actualmente sus equipos jurídicos analizan las implicaciones de la reforma.
Recordó que el modelo original fue diseñado con kilómetros garantizados precisamente para asegurar la viabilidad económica del sistema y evitar riesgos financieros para los operadores.
Riesgo de afectación masiva
La advertencia de los concesionarios adquiere una dimensión social considerable.
Una eventual suspensión del servicio impactaría de forma directa a trabajadores, estudiantes, adultos mayores y miles de familias que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a centros laborales, escuelas, hospitales y actividades comerciales.
El alcance del sistema Va y Ven convierte cualquier interrupción en un asunto de interés público que trasciende las diferencias administrativas o contractuales entre la autoridad y los operadores.
«Venimos a buscar un diálogo para ver qué podemos hacer juntos porque es un problema de todos», expresó Quintal.
Gobierno descarta suspensión del sistema
Tras el encuentro con los empresarios, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo Castro Alcocer, descartó categóricamente la posibilidad de que el sistema sea suspendido.
El funcionario aseguró que la administración estatal ya trabaja para encontrar una solución inmediata.
«Tenemos una obligación de garantizar el sistema de transporte. Es un compromiso que hizo el gobernador y no le vamos a fallar a los ciudadanos», afirmó.
Castro Alcocer explicó que el Gobierno del Estado asumirá un papel de mediación para facilitar acuerdos entre las partes involucradas y evitar afectaciones a la población usuaria.
Asimismo, adelantó que durante los próximos días se darán a conocer avances relacionados con las negociaciones y con la implementación de las reformas recientemente aprobadas a la Ley de Transporte.
La ciudadanía tendrá mayor participación
Entre los cambios más relevantes, el funcionario destacó la creación de nuevas figuras de participación ciudadana dentro del esquema de gobernanza del transporte público.
«Que no solo sea un tema entre Agencia, concesionarios y transportistas, sino que la ciudadanía tenga voz, que sepamos cuáles son las demandas, cómo está el servicio y qué hay que mejorar», explicó.
También reiteró que la política de tarifa social permanecerá vigente y que cualquier ajuste financiero deberá resolverse mediante fideicomisos, fondos públicos u otros mecanismos que eviten trasladar costos adicionales a los usuarios.
ATY apuesta por el diálogo y una nueva Junta Directiva
Horas después, la Agencia de Transporte de Yucatán emitió un comunicado oficial en el que reiteró su disposición permanente al diálogo y a la construcción de acuerdos con los concesionarios.
La dependencia destacó que la reciente reforma legal contempla la creación de una Junta Directiva integrada bajo criterios técnicos y colegiados, cuyo objetivo será analizar la situación financiera del sistema y definir estrategias para el nuevo modelo operativo.
De acuerdo con la Agencia, dicha Junta quedará instalada la próxima semana y será la instancia responsable de determinar las acciones subsecuentes relacionadas con la sostenibilidad financiera del transporte público.
Una crisis que pone a prueba el modelo de movilidad
La controversia refleja uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas modernos de transporte público: mantener tarifas accesibles para los usuarios mientras se garantiza la viabilidad financiera de quienes operan el servicio.
El Va y Ven ha sido presentado como uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos de Yucatán en las últimas décadas. Sin embargo, la actual disputa evidencia que la modernización del transporte requiere no solo nuevas unidades y tecnología, sino también mecanismos financieros sólidos capaces de absorber el incremento constante en combustibles, salarios y costos operativos.
Mientras gobierno, ATY y concesionarios buscan una salida negociada, miles de usuarios permanecen atentos a una resolución que evite una eventual interrupción del servicio y preserve la movilidad cotidiana de una de las zonas metropolitanas más dinámicas del sureste mexicano.
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