Telecom bajo vigilancia: riesgos y cambios
Nueva Ley de Telecomunicaciones: cambios profundos, nuevos riesgos
Congreso aprueba la nueva Ley de Telecomunicaciones
Con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que dos días antes había sido avalada por el Senado. Esta decisión pone fin a la legislación vigente desde julio de 2014, con la que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y da paso a una nueva estructura regulatoria.
El nuevo marco normativo fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentado como una iniciativa de urgente resolución. Su aprobación se da a semanas de que, según estimaciones oficiales, el IFT se quedara sin presupuesto operativo. Con esta ley, se extingue oficialmente dicho órgano autónomo, considerado un pilar en la regulación del espectro y los servicios digitales.
Adiós al IFT: nace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones
La nueva ley crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano administrativo desconcentrado que dependerá de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad de reciente creación con rango equivalente al de una secretaría de Estado.
De acuerdo con el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, esta comisión gozará de independencia técnica, operativa y de gestión, y tendrá como objetivo garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Sin embargo, especialistas y legisladores opositores han señalado que, pese a esa autonomía declarada, el hecho de depender administrativamente de una agencia del Ejecutivo federal genera serios cuestionamientos.
Cinco peligros que preocupan a expertos y defensores de la libertad de expresión
Aunque el gobierno defiende que se trata de una reforma para modernizar el sector y proteger la soberanía digital, distintas voces advierten que se avecina un mayor control estatal sobre medios y plataformas. A continuación, los cinco riesgos más señalados:
1. Revocación de concesiones y bloqueo discrecional de plataformas
Una de las disposiciones más alarmantes es la facultad de la Agencia de Transformación Digital para bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos de “normativas”. Esta ambigüedad en el artículo 109 permite interpretaciones amplias, dejando abierta la posibilidad de suspender servicios por criterios poco claros.
Asimismo, el poder para revocar concesiones de radio, televisión o banda ancha recae directamente en la Agencia, eliminando contrapesos y aumentando la dependencia de decisiones gubernamentales.
2. Control estricto a concesionarios
La ley obliga a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y radiodifusión a presentar anualmente la lista de sus socios y asociados. Esta información deberá ser entregada antes del 30 de junio de cada año y requiere aprobación expresa de la Agencia.
Este control sobre la estructura interna de los concesionarios preocupa a diversos sectores, quienes lo consideran un intento de intervención e intimidación empresarial, además de vulnerar principios de libre asociación y confidencialidad comercial.
3. Concentración del poder en la Agencia
Con la desaparición del IFT se eliminan también órganos como el Consejo Consultivo y el Comité de Evaluación, que hasta ahora garantizaban una toma de decisiones plural. Ahora, todas las decisiones quedarán en manos de la ATDT, lo que representa una centralización del poder regulatorio sin precedentes.
Además, se reduce de un año a 30 días hábiles el periodo para que la Agencia decida si existe interés público en recuperar el espectro radioeléctrico, acortando los tiempos para la defensa legal de concesionarios.
4. Prohibición de propaganda extranjera: ambigüedad y riesgo de censura
Uno de los elementos más polémicos es el retorno del artículo 210, eliminado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual prohíbe la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. Aunque se permite la difusión de contenidos culturales o turísticos, la redacción ha sido calificada como vaga y susceptible de interpretaciones discrecionales.
Críticos como la senadora del PAN Lilly Téllez han advertido que el texto podría utilizarse para censurar contenidos que el gobierno considere “inconvenientes”, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.
5. Censura previa desde Gobernación
La ley otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de ordenar la suspensión inmediata de contenidos considerados propaganda extranjera. Este mecanismo ha sido interpretado por analistas como un esquema de censura previa, incompatible con estándares democráticos y con la Constitución mexicana.
Críticas de la oposición y protestas de periodistas
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN, Carmen Rocío García González, lanzó una crítica encendida contra el oficialismo, a quienes llamó “puercos legislativos” por acelerar la aprobación sin permitir un análisis profundo. “Nos están arrebatando el derecho a debatir con tiempo suficiente”, denunció.
Fuera del Congreso, colectivos de periodistas y defensores de derechos digitales han protestado en diversas entidades del país, como Guerrero, donde se han alzado voces contra lo que consideran una amenaza a la libertad de prensa.
Sheinbaum niega censura, promete ajustes
En respuesta a las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su iniciativa busque censurar contenidos. “En ningún momento estamos planteando la censura, estamos en contra de la censura”, aseguró en conferencia de prensa. No obstante, reconoció que la redacción del artículo sobre plataformas digitales podría ajustarse para evitar ambigüedades.
“No se trata de frenar la expresión libre en redes ni medios. Se trata de proteger la soberanía y evitar injerencias extranjeras”, concluyó la mandataria, insistiendo en que los derechos digitales serán respetados.
Un cambio estructural con profundas implicaciones
La nueva Ley de Telecomunicaciones representa uno de los cambios estructurales más importantes en el sector en la última década. Aunque plantea una modernización institucional y la creación de una agencia especializada, también despierta preocupaciones legítimas sobre autonomía, transparencia, libertad de expresión y censura.
Su implementación requerirá no solo vigilancia ciudadana y periodística, sino también una revisión constante de su aplicación, para garantizar que los objetivos de soberanía digital no deriven en autoritarismo regulatorio.
Los próximos meses serán clave para observar si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones logra consolidarse como un ente imparcial y técnico, o si, por el contrario, se convierte en un brazo político del gobierno federal. El debate apenas comienza.
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