Una práctica criminal que se ha adueñado de la vida cotidiana
En los próximos días, los legisladores mexicanos discutirán una medida que se ha vuelto inaplazable: elevar la extorsión a la categoría de delito grave. Esta decisión, aunque correcta, llega con años de retraso, pues el fenómeno ya se ha incrustado en la vida diaria de miles de ciudadanos, especialmente de quienes operan pequeños negocios en el país.
Así lo advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que recientemente presentó los resultados de su Encuesta #25: “Pulso de la Tiendita de Barrio 2025”, una radiografía contundente de la realidad que enfrentan los comercios tradicionales en México. Uno de los hallazgos más alarmantes: la extorsión y otros delitos afectan directamente a la mitad de estos negocios.
Cifras que exigen acción inmediata
Los datos revelados por la ANPEC demuestran una inseguridad creciente y sistemática que mina la viabilidad del canal comercial tradicional:
25% de los comercios perciben la inseguridad como el principal problema para operar.
33% de los negocios creen que la situación de seguridad ha empeorado en su entorno.
50% de los pequeños comercios han sido víctimas de algún delito, entre ellos, extorsión, asaltos a mano armada, cobro de piso y robo hormiga.
47% de los comerciantes dicen que sus proveedores también enfrentan riesgos en las rutas de abasto.
15% han tenido que modificar horarios, cambiar de giro o cerrar definitivamente por temor a la violencia.
Una guerra sin reglas que ha desgarrado al país
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, reflexiona: “La inseguridad ya no amenaza, ya se ha instalado como parte de la vida nacional. No se trata de evitar que se apodere de nuestra cotidianidad, ya lo hizo.” Esta afirmación no es menor. Desde hace más de cuatro décadas, México vive una guerra sin cuartel que ha dejado un rastro de víctimas, pobreza y miedo.
La violencia se ha diversificado: secuestros, desapariciones, feminicidios, despojos, cobro de piso y extorsión, por mencionar solo algunos delitos. Esta situación ha provocado una parálisis económica en múltiples zonas del país, y ha generado una narrativa peligrosa: justificar la muerte de miles bajo el pretexto de “andar en malos pasos”.
Extorsión: la raíz de muchos males
La extorsión ha pasado de ser un delito más a convertirse en el eje que articula redes de corrupción, trata de personas, narcotráfico y contrabando. Según la ANPEC, no solo daña a los comerciantes directamente afectados, sino que corroe las estructuras institucionales y sociales, debilitando al Estado y sus leyes.
“Corrompe a las autoridades, pudre a las instituciones, normaliza la violencia y siembra miedo, lo que la convierte en un delito estructural y sistémico”, subraya Rivera. Su impacto no solo es económico, sino psicológico y cultural. Al minar la confianza y desactivar el tejido social, debilita la cohesión ciudadana.
Un llamado urgente a los legisladores
La propuesta de clasificar la extorsión como delito grave busca romper el ciclo de impunidad que la alimenta. Actualmente, muchos extorsionadores son liberados por falta de pruebas sólidas o porque el delito no está tipificado como de alto impacto. Esto permite su reincidencia y debilita la credibilidad en las instituciones.
“Necesitamos penas severas, sentencias ejemplares y medidas cautelares más estrictas, porque hoy no se protege a la víctima, sino que se blinda al criminal”, advierte la ANPEC.
Además, elevar esta categoría permitiría una mejor coordinación entre fuerzas del orden y mayores recursos jurídicos para prevenir, investigar y castigar estos delitos.
Una cruzada nacional contra la impunidad
El llamado no es solo legal, es moral. México se encuentra en un punto de inflexión: o enfrenta esta cultura de violencia con determinación, o seguirá siendo rehén de intereses que lucran con la guerra sucia que padecen millones.
Rivera enfatiza: “Todos estamos en riesgo. Vivimos bajo amenaza.” Esta realidad alimenta incluso narrativas internacionales que usan la inseguridad como argumento para imponer medidas comerciales desventajosas a México, como los aranceles unilaterales.
Extorsión como delito grave: una deuda urgente
La elevación de la extorsión a la categoría de delito grave no solucionará de inmediato la inseguridad, pero sí representa un paso imprescindible para desarticular estructuras criminales, fortalecer el estado de derecho y proteger a quienes mantienen viva la economía nacional desde las bases: los pequeños comerciantes.
La sociedad y los legisladores deben unirse en una cruzada nacional contra la extorsión, no solo por justicia, sino por dignidad.
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