Empresarios, “los grandotes” sí pagarán aumento al Impuesto sobre la Nómina en 2026.
La jornada de 4 horas estuvo marcada por el ruido y la confrontación.
Gritos, aplausos, chiflidos, acusaciones, descalificativos y hasta negativas a responder preguntas opacaron las posturas de las bancadas durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, en la que se discutió y finalmente se aprobó el Paquete Fiscal 2026 de Yucatán, con aumento al Impuesto Sobre la Nómina.
El costo político y económico
Más allá del cruce de descalificaciones, el resultado concreto es que el Paquete Fiscal 2026 quedó aprobado en medio de un clima político profundamente polarizado. A final de cuentas, el aumento al Impuesto sobre la Nómina será una realidad y serán los empresarios quienes, de manera directa, deberán pagar el incremento del 3% al 3.75%.
La discusión, sin embargo, deja abierta la interrogante sobre si ese costo terminará, como advirtió la oposición, trasladándose de manera indirecta a los trabajadores y a los consumidores.
La sesión, que duró 4 horas, dejó una estampa clara: un Congreso dividido, un gobierno que defiende su proyecto de justicia fiscal y una oposición que denuncia nuevos impuestos, opacidad y afectaciones a la economía. El 2026 arrancará con una nueva estructura tributaria… y con un debate político que promete seguir encendido.
La intensidad del debate político marcó una de las jornadas parlamentarias más tensas de los últimos años.
Como en los viejos tiempos, las interrupciones y los reiterados llamados al orden al público asistente se repitieron durante las más de cuatro horas que duró la asamblea. Particularmente, los diputados Álvaro Cetina Puerto (PAN) y Javier Osante Solís (MC), quienes lanzaron críticas directas al gobierno de Joaquín Díaz Mena, fueron interrumpidos en múltiples ocasiones por la audiencia desde las gradas, lo que obligó al presidente de la Mesa Directiva a intervenir una y otra vez para contener los ánimos.
El primer choque: donación de terrenos en Ucú
Los ánimos empezaron a caldearse desde el análisis del dictamen para autorizar al gobierno del estado la donación de un terreno de 50 hectáreas en el municipio de Ucú, destinado a la construcción de vivienda social. El panista Roger Torres Peniche y la morenista María Esther Magadán Alonzo fijaron posturas encontradas, uno en contra y otra a favor, en un intercambio que elevó la temperatura política de la sesión.
Torres Peniche acusó al gobierno de pretender donar terrenos que, aseguró, no son de su propiedad, sino que forman parte del fondo de pensiones de los trabajadores. “Cada hectárea tiene un valor de 1.6 millones de pesos. Que el gobierno las pague y de esa manera el gobierno done esas hectáreas para hacer las casas. Pero, ¿será que los representantes de los maestros del Isstey, los representantes de los sindicatos, que hasta hace unos días aquí aplaudieron fervientemente, están de acuerdo en que regalen su patrimonio?”, lanzó desde tribuna.
En respuesta, María Esther Magadán defendió el proyecto y explicó que el programa de vivienda estará a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y de la Comisión Nacional de Vivienda, con el objetivo de beneficiar a las familias yucatecas. “Que no nos distraigan las voces que intentan confundir diciendo que se pone en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores del Estado. Eso es completamente falso, pero, como todos los que estamos aquí, sabemos que mentir es lo mejor que sabe hacer la oposición”, reviró. Sus acusaciones escalaron hasta provocar una bulla generalizada que obligó al presidente de la Mesa Directiva a pedir orden.
A pesar del choque, el dictamen fue aprobado por mayoría.
“Amigos” de la 4T y el corazón del debate fiscal
El verdadero campo de batalla llegó con la discusión de la modificación de la Ley General de Hacienda del Estado. Subieron a tribuna a favor los diputados morenistas Naomi Peniche López, Samuel Lizama Gasca y Alejandro Cuevas Mena; mientras que en contra se pronunciaron Itzel Falla Uribe (PAN), Larissa Acosta Escalante (MC) y Gaspar Quintal Parra (PRI).
Itzel Falla acusó que la nueva Ley de Hacienda favorece a los “amigos” del gobierno de la 4T, mientras castiga a la ciudadanía y a quienes sostienen la economía. Aseguró que el Ejecutivo mintió al prometer que no habría nuevos impuestos, y que aun así se aprobaron ajustes que, dijo, fueron demostrados como inconstitucionales en comisión.
El ISN, en el centro de la polémica
La diputada Naomi Peniche defendió la reforma fiscal y arremetió contra los gobiernos panistas del pasado, a los que atribuyó la deuda pública de más de 9 mil millones de pesos. Señaló que el nuevo paquete tiene un “espíritu del pueblo yucateco”, orientado a reducir cargas a quienes sostienen la economía y a generar ingresos responsables para fortalecer programas sociales, salud y seguridad.
Respecto al aumento al Impuesto sobre la Nómina (ISN), del 3% al 3.75%, aseguró que se trata de un ajuste indispensable que no se traslada al trabajador ni reducirá su salario.
La diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, se opuso frontalmente al incremento de 0.75 puntos porcentuales al ISN. Argumentó que no se trata de una medida progresista ni de izquierda, ya que, bajo la lógica del capital, el empresario buscará mantener su nivel de ingresos y compensará el impuesto subiendo precios al consumidor o reduciendo el salario real del trabajador.
Por su parte, el morenista Samuel Lizama Gasca calificó al paquete fiscal como responsable y humano, alineado con el Renacimiento Maya y la visión de justicia social. Destacó la reducción del Impuesto sobre el Hospedaje del 5% al 4.5% y del Impuesto por Actividad Empresarial del 5% al 4.5%, lo que, dijo, beneficia a más de 56 mil contribuyentes, en su mayoría pequeños negocios y emprendedores.
Lizama defendió también el aumento del ISN, al asegurar que es necesario para financiar el crecimiento acelerado del estado en materia de infraestructura, movilidad, seguridad y servicios públicos. Sin embargo, durante su intervención, los panistas Álvaro Cetina e Itzel Falla solicitaron interrogarlo para debatir los beneficios reales del impuesto al empleo. El diputado de Morena evadió el cuestionamiento y rechazó responder, lo que fue calificado por la oposición como una violación al principio de deliberación parlamentaria.
Acusaciones de imposición y opacidad
El priista Gaspar Quintal criticó la forma en que fue dictaminado el paquete fiscal 2026, acusando opacidad, falta de profesionalismo e imposición, sin un debate amplio ni apertura a las propuestas de la sociedad civil. Rechazó el aumento del ISN, el incremento del Impuesto sobre el Ejercicio Profesional del 2% al 3%, y el encarecimiento de trámites como el cambio de placas y la tarjeta de circulación.
En defensa del proyecto, Alejandro Cuevas Mena sostuvo que no existen nuevos impuestos ni nuevas cargas para el ciudadano común. Criticó a la oposición por su “poca memoria”, al recordar que el ISN fue creado en administraciones anteriores. Atribuyó la necesidad de los ajustes a la “herencia maldita” que dejó el gobierno anterior, especialmente en contratos del transporte público, y subrayó que el aumento al ISN busca hacer corresponsables a las 900 empresas más grandes del estado.
La confrontación final y el voto decisivo
Durante la discusión de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, los gritos del público se salieron de control cuando subieron a tribuna Álvaro Cetina Puerto y Javier Osante Solís. El presidente de la Mesa Directiva llegó a advertir sobre la posibilidad de decretar un receso si no se respetaba el orden.
Cetina Puerto calificó el paquete como el “histórico presupuesto de las mentiras y de los nuevos impuestos”. Señaló que el aumento de 3,452 millones de pesos en recursos federales, equivalente a 7.64%, se diluye ante una inflación del 4.8%, dejando un crecimiento real de apenas 2.84%. “Eso no es crecimiento histórico: es inflación disfrazada”, sentenció. Añadió que el impuesto al empleo aumentará 730 millones de pesos, convirtiéndose en el principal motor real del incremento de ingresos.
Leyes aprobadas, empréstito rechazado
Además del Paquete Fiscal 2026, se aprobaron modificaciones a la Ley del Diario Oficial, la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos, la Ley del Registro Civil, la Ley de Hacienda y el Código Fiscal del Estado de Yucatán. También se autorizó la donación de cinco bienes inmuebles del patrimonio estatal a favor de la empresa Tren Maya.
En contraste, no se aprobó la contratación de un empréstito para financiar el segundo anillo periférico metropolitano, los trabajos en el Centro Estatal del Espectro Autista y los Polos del Bienestar, al no alcanzarse la mayoría calificada requerida.
Como último punto, se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2026.