Con esta medida, el gobierno federal proyecta recaudar más de 75 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 73.8% respecto a lo estimado en el ejercicio fiscal previo.

A partir del 1 de enero de 2026, los refrescos y bebidas azucaradas en México enfrentarán un ajuste significativo en sus precios como resultado de las modificaciones al marco fiscal federal. El Paquete Económico 2026, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla un incremento histórico al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas: de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, casi un 100% de aumento. En el caso de bebidas con edulcorantes no calóricos, la cuota se fija en 1.50 pesos por litro.
Con esta medida, el gobierno federal proyecta recaudar más de 75 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 73.8% respecto a lo estimado en el ejercicio fiscal previo. El objetivo declarado es de salud pública, en un país que enfrenta altos índices de obesidad y diabetes. Sin embargo, el debate que se abre va mucho más allá del plano fiscal: revela una profunda contradicción estructural en México, donde en muchas regiones el refresco continúa siendo más barato y accesible que el agua potable, particularmente en entidades como Yucatán.

El impuesto como herramienta fiscal y sus límites reales
Desde una perspectiva financiera, el aumento al IEPS responde a una lógica de doble propósito: incrementar la recaudación y desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud. No obstante, la experiencia mexicana demuestra que el impacto del impuesto en los patrones de consumo ha sido limitado.
Para Diana Delgadillo, directora de operaciones en The Hunger Project México, el impuesto aplicado desde 2014 apenas provocó que 8% de la población redujera su consumo, una cifra menor incluso a la observada en países europeos, donde la disminución ronda 20%. “Aquí se prometió que los recursos se destinarían a bebederos escolares y a mejorar el acceso al agua, pero eso nunca ocurrió. El dinero terminó en la bolsa fiscal”, subraya.
En términos estrictamente financieros, el IEPS ha sido eficaz para el erario, pero ineficaz como política de cambio estructural, ya que no ha ido acompañado de inversión suficiente en infraestructura hídrica.
Cuando el refresco es más barato que el agua
El problema de fondo es económico y social. En numerosas comunidades rurales e incluso urbanas, el acceso al agua potable es limitado, intermitente o inexistente. En ese contexto, el consumidor de agua que ni siquiera es potable, la usa para bañarse o lavar trastes, pero no para beber. Frente a esa realidad, la gente elige el refresco”.
Desde la lógica del consumidor racional, el refresco se convierte en la opción más accesible, no solo por precio, sino por disponibilidad constante, algo que el Estado no ha logrado garantizar con el agua potable.

Yucatán: crisis hídrica en un estado rodeado de agua
El caso de Yucatán es paradigmático. Aunque Mérida cuenta con un sistema de agua relativamente regulado, decenas de municipios y comunidades rurales enfrentan una crisis hídrica persistente. Reportes recientes señalan problemas en más de 50 municipios, afectando el acceso, la calidad del servicio y la salud pública.
Entre las principales problemáticas destacan:
Contaminación del acuífero, la única fuente de agua del estado, por granjas porcinas y avícolas, aguas residuales y pesticidas organoclorados.
Escasez y desabasto, con intermitencia, baja presión y cobros por servicios no recibidos, como ocurre en Hunucmá, Maxcanú y Umán.
Deficiencias de infraestructura, fallas en bombas, tuberías obsoletas y ausencia de plantas de tratamiento, sobre todo en zonas rurales.
Impacto en la salud, con reportes de enfermedades gastrointestinales y preocupación por padecimientos graves, incluidos casos de cáncer documentados entre 2022 y 2025.
La realidad en Yucatán
Municipios como Izamal, Valladolid, Tizimín, Chikindzonot, Tahdziú y Tixcacalcupul, así como regiones afectadas por sequía en 2024 —Río Lagartos, Temax, Tunkás, Yobaín, entre otros— evidencian que la crisis es generalizada. Se estima que hasta 57 municipios carecen de servicios básicos adecuados, incluido el acceso al agua potable.

El suelo kárstico y la presión del crecimiento económico
La península yucateca enfrenta una tormenta perfecta: crecimiento urbano acelerado, expansión de la agroindustria y un suelo kárstico que facilita la rápida filtración de contaminantes al acuífero. Desde un enfoque financiero y ambiental, esto implica mayores costos futuros para la salud pública y para la rehabilitación de sistemas de agua, costos que hoy no están siendo internalizados adecuadamente.
Mientras tanto, el refresco —producido y distribuido con eficiencia logística— llega sin dificultad a las comunidades más apartadas.
Dimensión cultural: estatus, energía y símbolo social
El consumo de refrescos en México no puede entenderse solo desde la economía. Existe una dimensión cultural profundamente arraigada. En muchas comunidades, el refresco es símbolo de estatus: quien puede comprarlo demuestra poder adquisitivo. Además, el “rush” de azúcar es percibido como energía inmediata.
En contextos rurales, incluso funciona como moneda de cambio. En algunas regiones del país, se negocian favores o acuerdos comunitarios entregando rejas de refresco. No esolo una bebida: es un objeto social.
La visión indígena: tradición desplazada
El Dr. Omar Cruz, sociólogo de origen amuzgo, advierte que el refresco no forma parte de las tradiciones originarias, sino que fue impuesto y resignificado. “En lugares como San Juan Chamula, Chiapas, la Coca-Cola llegó a considerarse bebida sagrada en rituales, desplazando fermentados tradicionales como la chicha de maíz. Eso no es tradición, es sustitución cultural”, señala.
Cruz identifica dos causas centrales del consumo: la ausencia del Estado para garantizar agua potable y el valor simbólico del refresco como estatus. “Coca-Cola y Sabritas llegan a todos lados; el Estado no. Mientras eso no cambie, subir impuestos no resolverá el problema”, concluye.
La defensa de la industria refresquera
Desde el sector empresarial, Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), sostiene que el aumento al IEPS es desproporcionado. “Es un incremento del 87% que afectará directamente a consumidores de menores ingresos. Además, incluir bebidas con edulcorantes desincentiva la reformulación”, afirma.

Massieu argumenta que el impuesto se concentra en apenas 5% de las calorías consumidas por los mexicanos y que no existe correlación directa entre refrescos y el aumento de obesidad y diabetes. Además, advierte un impacto económico: más de 1.2 millones de tienditas dependen de estas ventas, que representan hasta 30% de sus ingresos.
El golpe al comercio en pequeño
En el ámbito local, Canacope y Canaco Servytur Mérida han alertado que el aumento ya se refleja en el comercio minorista. Jorge Cardeña Licona, secretario de Canacope, señala que 80% de las tienditas ya aplican incrementos de 5 a 10 pesos, especialmente en refrescos no retornables de tres litros.
Por su parte, Enrique Molina Casares, presidente de Canaco Mérida, advierte que los “changarros” son los más vulnerables y pide analizar una implementación gradual del impuesto. “La intención de cuidar la salud es válida, pero también hay que proteger la salud económica del país”, señala.
Conclusión: un debate que va más allá del precio
El aumento al IEPS en 2026 abre un debate que no se agota en la discusión fiscal. Desde una óptica financiera integral, el problema no es únicamente el precio del refresco, sino la falta de inversión en agua potable, la desigualdad estructural y la carga cultural que este producto ha adquirido.
Mientras el refresco siga siendo más barato, más accesible y más constante que el agua, el impuesto funcionará como un mecanismo recaudatorio, pero no como una solución de fondo. Sin infraestructura hídrica, políticas alimentarias integrales y respeto al derecho humano al agua, el consumidor seguirá eligiendo no lo más sano, sino lo posible.
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