Es una función social del Estado; con la desaparición de los escribanos, se perdió la posibilidad de realizar diversos trámites a un costo más accesible.
Tras la desaparición de la figura del escribano público, los altos costos que tienen los trámites ante un notario, y la reciente iniciativa de reforma enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, para aumentar el número de notarías en el estado, es indispensable que se revise a profundidad este tema para evitar que la fe pública notarial siga siendo negocio de particulares, reiteró el presidente del PRI, Francisco Torres Rivas.
Como han señalado nuestros legisladores locales, encabezados por el diputado Gaspar Quintal Parra, el servicio que brindan los notarios no debe verse como un negocio, sino como una función social del Estado; delegar la fe pública no puede ser un negocio, tiene que ser accesible a la sociedad, coincidió el dirigente estatal del partido.
Torres Rivas recordó que, con la desaparición de los escribanos, se perdió la posibilidad de realizar diversos trámites a un costo más accesible, dejando sin certeza jurídica a miles de familias yucatecas que no cuentan con la posibilidad económica de acudir ante un notario, ya sea para heredar legalmente sus propiedades, realizar un testamento o formalizar la compraventa de un terreno, entre otros.
Recordó que 65 municipios de la entidad no cuentan con notario público y recalcó, como lo han hecho nuestros diputados locales en el Congreso del Estado, que tiene que garantizarse la función social que debe brindar el estado a través de la figura del notario.
Finalmente, el dirigente estatal del PRI, quien estuvo acompañado del delegado del CEN del PRI, Dr. Pedro Gutiérrez Gutiérrez, la dirigente de la FENAMM en Yucatán y presidente municipal de Conkal, Hiselle Díaz del Castillo, el secretario de Acción Electoral, Antonio Homá Serrano, y el secretario de Organización, José Guillermo Torres Güemez.
Asimismo llamó también a realizar un análisis a fondo de la ley del notariado, toda vez que en ésta, se debe plasmar un sentido social que garantice certeza jurídica a todos, así como los mecanismos de revisión y evaluación necesarios, ante los casos dados a conocer de despojo de tierras ejidales, que deben considerarse delito grave y sancionarse ejemplarmente.
