Profepa cierra granja en Santa María Chi; clausura definitiva tras años de denuncias.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total y definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, en Yucatán. La decisión sucede tras años de protestas de habitantes y organizaciones sociales que denunciaron afectaciones a la salud y al medioambiente por malas prácticas de la megagranja.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la descarga directa de aguas residuales sin permiso, así como la omisión en el manejo y caracterización de lodos. Estas prácticas, según la autoridad federal, constituyen una amenaza para el equilibrio ambiental y para las comunidades mayas cercanas.
La medida también se enmarca en un proceso legal abierto desde 2021, cuando colectivos ciudadanos denunciaron las consecuencias de la operación de este tipo de granjas, que proliferaron en varios municipios de Yucatán sin supervisión ambiental efectiva.
Empresarios ya buscaban salida negociada
Sin embargo, la clausura ocurrió en un contexto particular: los empresarios propietarios de la granja ya habían iniciado negociaciones con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para reubicar sus operaciones en otro sitio autorizado.
De acuerdo con declaraciones del propio mandatario, hace aproximadamente un mes los dueños de la empresa se reunieron con él para plantear un plan de traslado voluntario. La intención era abandonar Santa María Chi y mover sus operaciones a otro predio que ya contaba con permisos y autorizaciones ambientales.
“Nosotros celebramos esta iniciativa por parte de los propietarios. Ahora, con la clausura de Profepa, expresamos nuestro respeto a la autoridad y entraremos en comunicación para coordinar los pasos que siguen”, declaró Díaz Mena.
El gobernador reconoció que la reubicación no podía ser inmediata, dado que en la granja se concentran miles de cerdos y se requería tiempo para adecuar la nueva instalación.
Un problema arrastrado por años
El caso de Santa María Chi no es nuevo. En 2023, los habitantes protestaron por la quema masiva de estiércol, acción que generó humo tóxico durante semanas y derivó en bloqueos carreteros. Los pobladores denunciaron afectaciones a la salud, sobre todo en niños, y responsabilizaron directamente a la empresa.
La tensión escaló cuando Pecuaria Peninsular respondió interponiendo denuncias penales contra el comisario ejidal, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, acusándolo de despojo y privación ilegal de la libertad.
Finalmente, la presión social, la documentación de irregularidades y la insistencia de colectivos ambientales llevaron a la clausura definitiva de la megagranja.
Reacciones oficiales
La procuradora de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, reconoció la persistencia de las comunidades locales en su lucha por justicia ambiental. “Han denunciado, se han amparado y han exigido justicia en todos los niveles. Hoy la Profepa trabaja con ellas para concretar esta clausura definitiva”, afirmó.
Por su parte, el gobernador Díaz Mena subrayó que su gobierno buscará un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental:
“Hay que promover el crecimiento del estado, pero nunca quitarle a las próximas generaciones su derecho a vivir dignamente”, dijo.
¿Qué sigue para la empresa?
Aunque Profepa determinó la clausura, la empresa deberá elaborar un estudio de daño ambiental y presentar un plan de reparación. El proceso incluye el desmantelamiento y abandono adecuado del sitio, supervisado por la autoridad federal.
En paralelo, el gobierno estatal continuará con el plan de reubicación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Profepa y la propia empresa. El punto de debate será el tiempo que se otorgue a los empresarios para concretar el traslado, dado que la autoridad exige medidas inmediatas y la compañía pide varios meses de margen.
Contexto regional: el peso de las granjas porcícolas
El caso de Santa María Chi no es aislado. La Profepa ha realizado inspecciones en al menos 19 municipios de Yucatán, detectando irregularidades en varias granjas porcícolas. El crecimiento acelerado de esta industria en la península ha generado fuertes tensiones entre comunidades mayas, empresarios y autoridades ambientales, pues si bien representa una fuente de empleo y dinamismo económico, también ha sido señalada por su impacto en el agua, el aire y la calidad de vida de los habitantes.
Justicia ambiental pendiente
La clausura de Pecuaria Peninsular se presenta como un precedente relevante para la región. Por un lado, confirma que la autoridad federal puede responder a la presión social y sancionar a empresas que incumplen la normatividad. Por otro, abre un nuevo capítulo de negociación política y empresarial para definir si la reubicación es una solución real o solo un traslado del problema a otro territorio.
Mientras tanto, los pobladores de Santa María Chi esperan que se garantice una reparación efectiva del daño causado a su entorno y a su salud, y no solo un cambio geográfico de la megagranja.
📌 Cronología del conflicto en Santa María Chi
2021
Comunidades mayas y organizaciones civiles presentan las primeras denuncias contra Pecuaria Peninsular por contaminación del agua y del aire.
La Profepa emite medidas correctivas que la empresa incumple de manera reiterada.
2023
Habitantes de Santa María Chi denuncian la quema de estiércol durante más de un mes, lo que genera humo tóxico y enfermedades respiratorias.
Se realizan protestas y bloqueos carreteros.
La empresa responde con denuncias legales contra el comisario ejidal Wilbert Alfonso Nahuat Puc.
Agosto 2025
Empresarios de Pecuaria Peninsular se reúnen con el gobernador Joaquín Díaz Mena para plantear un plan de reubicación voluntaria de la granja hacia otro predio con permisos ambientales.
Septiembre 2025
La Profepa clausura de manera total y definitiva la megagranja por incumplir siete medidas ambientales, incluyendo descargas ilegales de aguas residuales.
El gobernador confirma que ya existía un proceso de negociación para la reubicación, aunque pendiente de definir plazos.
Se abre la discusión sobre la reparación ambiental en Santa María Chi y el futuro de la industria porcícola en Yucatán.
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